El informe concluye que existen deficiencias estructurales y operativas en el procedimiento, como las que derivan de una regulación insuficiente en los sistemas de identificación y firma electrónica, o la falta de aprobación y actualización de la lista de profesiones reguladas.

Destaca también la ausencia de manuales integrales, la insuficiencia de los recursos humanos o deficiencias en herramientas informáticas. Todo ello tiene como consecuencia el incumplimiento del plazo máximo de seis meses para dictar resolución.

Se ha observado un cambio positivo en el número de resoluciones en el primer semestre de 2025, al superar por primera vez al de solicitudes registradas, sin embargo, a 30 de junio de 2025 existían 80.648 solicitudes pendientes de resolución, con una entrada desde 2024 de en torno a 30.000 nuevas solicitudes anuales, lo que dificulta reducir la acumulación de expedientes y cumplir el plazo de resolución.

También se han observado limitaciones relevantes en el control del cobro de las tasas a consecuencia de los aplicativos informáticos utilizados, así como la falta de una contabilidad analítica que permita discriminar los costes directos e indirectos atribuibles a las distintas funciones y servicios relacionados con la homologación.

El Tribunal recomienda que el Gobierno valore la extensión del régimen normativo aplicable a los nacionales de la Unión Europea a los solicitantes extracomunitarios, de manera que no se les exija el requisito de la previa homologación, siempre que exista una experiencia profesional formalmente reconocida de entre cinco y quince años en su país de origen.

Se destaca que el Ministerio debería realizar un esfuerzo muy decidido para poder eliminar en un plazo razonable el gran número de expedientes acumulados, incrementando sensiblemente el número anual de resoluciones frente al de entradas, mediante la corrección de las deficiencias estructurales del procedimiento y el empleo de los recursos necesarios.