A propuesta de la Ministra de Igualdad, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:

El Gobierno de España cree en una sociedad libre en la que las personas sean iguales en derechos, deberes y oportunidades. Y para lograrla se reafirma en su posición rotunda y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo la islamofobia y cualquier forma de discriminación basada en el lugar de procedencia, o el color de la piel u otras características personales. Estas manifestaciones son un mal que envenena nuestra convivencia y destruye nuestra capacidad de construir una sociedad mejor y más cohesionada. 

De ahí que en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, conmemoración impulsada por Naciones Unidas desde 1966 en memoria de las 69 víctimas asesinadas por la policía en una acción pacífica en Sharpeville (Sudáfrica) contra el Apartheid, el Gobierno se reafirme en la lucha contra la discriminación racial o étnica, y contra el racismo estructural, que incluye la identificación y la especial atención a las manifestaciones de discriminación interseccional, como líneas prioritarias tanto en su política interior como exterior. 

Este Gobierno, ha destacado por promover los valores de la igualdad, la tolerancia, el respeto y la convivencia en paz. Ser antirracistas nos obliga a no ser indiferentes contra la injusticia y a actuar decididamente contra quienes atacan los derechos humanos y la diversidad. A ser firmes a la hora de defender el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, y a la igualdad real y efectiva de todas las personas que conviven en nuestra sociedad, tal y como expresa nuestro texto constitucional en sus artículos 9.2 y 14. Dicha defensa implica el compromiso inquebrantable con la protección de las víctimas y de las personas vulnerables frente a la discriminación racial, y pone en valor la labor de todas las personas y entidades de la sociedad civil, incluyendo a las asociaciones de personas racializadas, migrantes y organizaciones de defensa de los derechos humanos que trabajan, junto con el Gobierno para acabar con el racismo, en la búsqueda de una sociedad en la que ninguno de sus miembros pueda verse discriminado por el color de su piel, su origen racial o étnico o su lugar de procedencia, porque, en suma, una sociedad en la que no se discrimina a su ciudadanía es una sociedad mejor y más democrática. 

España lleva años avanzando en la lucha contra los delitos e incidentes relacionados con el odio y la discriminación. Tanto las actuaciones especializadas de la Fiscalía General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como el camino recorrido por el Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, han sido pasos importantes. La aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ha supuesto un hito, y su aplicación y desarrollo constituyen sin duda un nuevo horizonte en el avance en la protección del derecho a la igualdad al profundizar en el desarrollo del derecho antidiscriminatorio en nuestro ordenamiento jurídico. 

Asimismo, constituye otro hito la aprobación por el Consejo de Ministros, el 4 de julio de 2023, del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el racismo y la xenofobia, 2023-2027, como una herramienta dirigida a inspirar las políticas públicas de las administraciones estatal, autonómica y local, así como las acciones de las organizaciones de la sociedad civil y de otros actores que participen en la lucha contra el racismo y la xenofobia. 

El incremento de los medios humanos y presupuestarios del servicio de atención a víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), la creación del teléfono 021 para la atención a víctimas de discriminación racial o étnica, y la realización de la primera campaña contra el racismo en horario de máxima audiencia en televisión, así como la monitorización diaria y el análisis sistemático del discurso de odio en línea racista, xenófobo, antigitano, antisemita e islamófobo llevada a cabo por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones constituyen otros claros ejemplos de compromiso con la lucha contra el racismo de este Gobierno. 

Sin embargo, el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia continúan estando presentes a nivel global, lo que supone que quedan importantes desafíos que afrontar, especialmente en un contexto internacional, europeo y nacional en el que es preciso alzar una voz clara y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo y la islamofobia. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a la puesta en marcha próximamente de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a fin de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y de solicitar la actuación de las administraciones competentes para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa. 

Además, en su compromiso con la prevención y la erradicación del racismo y toda forma de discriminación, el Ministerio de Igualdad promoverá un gran acuerdo para combatir los discursos de odio que estigmatizan, culpan y señalan, representando un desafío para la convivencia social, y para el que espera contar con un gran consenso social y político. Asimismo, el Gobierno impulsará el fortalecimiento de los marcos normativos orientados a la eliminación del racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, mejorando los sistemas de recogida de los datos necesarios para prevenir y combatir el racismo, así como la puesta en marcha de nuevas medidas para mejorar la respuesta institucional frente a la discriminación. 

En definitiva, con esta declaración, el Gobierno de España pone de relieve que la ejecución de las políticas públicas destinadas a la eliminación del racismo estructural y la discriminación racial, y la construcción de una sociedad cada día más equitativa e inclusiva, son acciones prioritarias en su agenda de actuación, y condena todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión las múltiples aportaciones positivas que la diversidad étnica brinda a nuestra sociedad.